San Sebastián o “la ciudad de la video vigilancia”. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado la Agencia de Protección de Datos de Euskadi, que acaba de cerrar y remitir a las partes el procedimiento que abrió sobre la utilización por parte de los autobuses urbanos de la capital guipuzcoana de cámaras externas.
La investigación, que se ha saldado con una falta grave y una multa de 20.000 euros para la Compañía del Tranvía, la empresa pública municipal que gestiona los autobuses, y un procedimiento de infracción contra el Ayuntamiento, dibuja una especie de Gran Hermano sobre ruedas. Los autobuses cuentan desde mediados de 2011 con una cámara situada justo encima del conductor.
En cuanto el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la investigación, abierta en abril de 2013, se paralizó el uso de las mismas. La misión de los aparatos, al menos así lo especificaba la encomienda que la Junta de Gobierno local rubricó en abril de 2011, era grabar solo el carril bus para sancionar a aquellos vehículos que ocuparan la vía reservada o circularan por ella. Nada más. Solo se podían captar imágenes de las matrículas de los mismos y solo en las vías principales, pero el uso que se hizo dista mucho de lo recogido en la autorización, según concluye la Agencia de Protección de Datos.
Las cámaras grababan el recorrido completo que realizaban los autobuses —90 vehículos recorren San Sebastián en una hora media del día—, por todas las calles que atravesaban y captando imágenes de toda la vía, calzada y aceras incluidas, y por lo tanto, “personas, rostros”, resume Ignacio Pariente, el presidente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que no duda en tildar el uso que dBus ha hecho de estos aparatos de “escandaloso y brutal”.
El mal uso de las cámaras descubierto por la Agencia no se limita solo a la captación de las imágenes, sino también al uso posterior que se hizo de ellas. El Ayuntamiento, a través de dBus, “se convirtió en suministrador de imágenes para todo tipo de entidades públicas y para fines diversos. La Ertzaintza ha solicitado imágenes de un día entero para la búsqueda de personas desaparecidas, se han facilitado imágenes a particulares para aclarar juicios civiles, además de para imponer sanciones de tráfico por infracciones no relacionadas con la ocupación del carril bus. Los agentes de movilidad y la Policía Local también han tenido acceso a las mismas, además de la concejalía de Hacienda para tramitar las sanciones”, continua Pariente.
Fuente: El Pais
