La tecnología está cada vez más al servicio de la seguridad. Y cada vez más empresas apuestan por ello con la instalación de sistemas de video vigilancia, una práctica que se disparó a finales de la pasada década y que ha visto cómo, en los tres últimos años, se han duplicado las administraciones públicas y las entidades privadas que apuestan por las cámaras de seguridad para protegerse.
Los datos facilitados a El Día de Valladolid por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) así lo corroboran. A comienzos del año 2009 había 177 instituciones y empresas con video vigilancia, en 2010 se llegó a las 1.064, para irse hasta las 1.351 en 2011, a las 1.740 en 2012 y alcanzar las 2.235 a día 1 de noviembre de 2013. De estas, 2.170 son entidades de titularidad privada y 65, pública. El incremento experimentado en estos tres últimos años es una constante en todo el país, donde el número de entidades (privadas y públicas) con video vigilancia ha subido casi un 65%. En Valladolid se cifra en un 110% en términos absolutos, pero destaca cómo han crecido las administraciones con este tipo de sistemas (un 140%), mucho más que las empresas (un 63 por ciento).
El objetivo de unos y otros no es otro que «tratar de garantizar su propia seguridad», tal y como explican desde la AEPD, que se encarga de autorizar la instalación de estos sistemas de vigilancia y que vela porque, con ellos, no se invada la intimidad de nadie.
Por sectores. Uno de cada cuatro negocios con cámaras de seguridad es un comercio que busca evitar robos en sus tiendas. Otro diez por ciento son bares y restaurantes. Y luego aparecen ya las comunidades de vecinos, un sector que, cada vez más, confía en la video vigilancia para tratar de velar por la seguridad de zonas comunes, portales y garajes.
Pero estos sistemas entran, en muchas ocasiones, en colisión con la libertad de las personas. De ahí, que no paren de aumentar, tampoco, las denuncias ante la AEPD. En Valladolid, solo durante el último año, han subido en un 52%. «La razón no es otra que los ciudadanos saben cada vez más cuáles son sus derechos y cómo defenderlos», según explican desde la Agencia de Protección de Datos. Por su parte, las sanciones se han duplicado, de cinco a diez, eso sí; en ocasiones, se impone el pago de multas y, en otras, todo se queda en un simple apercibimiento.
Fuente: El Diario de Valladolid
